A propósito del Referéndum sobre el Gas (May de 2004)

Las preguntas del Referéndum que se realizará el 18 de julio próximo, genera incertidumbre a aquellos que queremos salir de una vez por todas de este trance de discusiones peligrosas pero necesarias para el país y empezar ó reempezar a producir y vivir con normalidad. Ciertamente el Referéndum es ineludible, por todo lo vivido el año pasado, pero va a ser muy complicado para la mayoría de la población tener una posición clara ante preguntas con términos y frases técnicas como “boca de pozo”, “industrialización”, “traspasar a YPFB acciones de las empresas petroleras capitalizadas” ó “la abrogación de la Ley 1689”.
Hace falta informar algunos aspectos para que la gente pueda decidir, sin presiones, sin chantajes y sin lavados de cerebros.
Abrogar una ley significa abolir o revocarla en su totalidad. La Ley 1689 promulgada por Gonzalo Sánchez de Lozada en 1.996, es la Ley de Hidrocarburos que define “las reglas del juego” bajo las cuales se firmaron más de 70 contratos vigentes entre el Estado y las empresas que operan en el sector. Ley que fue aprobada por el Honorable Congreso Nacional y promulgada por el Presidente Constitucional de la República, como sucede con todas las leyes de la República. Dicha norma legal cumplió un objetivo muy importante para el país, al certificar que tenemos 10 veces más hidrocarburos de los que teníamos certificados antes de su promulgación. Además, es bueno aclarar que dicha Ley (según un estudio realizado por YPFB), contrariamente a lo que se ha hecho creer a la población sobre la participación del Estado con tan solo el 18% del negocio, consigue para el Estado boliviano 35 US$ por cada 100 US$ de hidrocarburos exportados, para las empresas petroleras 25 US$ y los restantes 40US$ para cubrir costos de producción. Es decir que el Estado participa en el 58% de las utilidades netas y las empresas petroleras en el restante 42%.
Boca de Pozo es el lugar donde los hidrocarburos se miden y están listos para ser transportados, luego de una gran inversión por parte de la(s) empresa(s) concesionaria(s) de la parcela ó área, primero para saber si en ese sitio existen reservas de hidrocarburos y luego para perforar el pozo por donde salen los mismos.
Casi el 50% de los dividendos que reportan las acciones de las empresas capitalizadas (1.600 millones de US$) se utiliza para pagar el Bonosol, lo que significa que al traspasar las acciones de los bolivianos en las petroleras capitalizadas (Chaco, Andina y Transredes solamente, no de todas las empresas capitalizadas), se traspasa acciones por un valor de aproximadamente 800 millones US$ a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que pertenecen a los bolivianos mayores de 21 años al 15 de diciembre de 1995 y que son gestionados por las AFP’s. Por lo tanto, es muy importante que se aclare si se va a continuar utilizando los dividendos que reportan dichas acciones en financiar el pago el Bonosol. Si se diera el caso del relanzamiento de YPFB como operador pleno, a través de la transferencia de las acciones del Fondo de Capitalización Colectiva en las petroleras capitalizadas, éste debería funcionar administrado como una empresa eficiente y estratégica, “tapando los huecos” que deja el mercado, ya sea por falta de garantías, ya sea por su poca rentabilidad ó porque el Estado se lo ha permitido, como es el caso de las insuficientes conexiones de gas domiciliario, la permeabilidad del precio interno de los combustibles por las fluctuaciones del precio internacional del petróleo, los monopolios en los mercados de refinación y distribución de carburantes y la falta de un ente estatal con recursos y peso específico propios, que garantice y se asocie a inversiones extranjeras muy grandes que el Estado no es capaz de realizar, como el de los proyectos de industrialización por ejemplo.
Industrialización solo es posible produciendo una gran cantidad de gas para exportarlo, porque el consumo interno es muy bajo, porque además de pocos, somos pobres. En la industrialización se utiliza una pequeña parte del gas que no se utiliza en la exportación y son necesarios estudios de mercados de productos industrializados y conseguir que ojalá alguien invierta un par de miles de millones de dólares necesarios para plantas de ese tipo.
Clarificando los conceptos inmersos en las preguntas del Referéndum -si es que realmente se logra el objetivo, ya que la buena intención podría ser contraproducente- podríamos decidir qué es lo que a cada uno le parece lo mejor para todos los ciudadanos del país sin excepción.