A pesar de haber una carencia de propuestas de modelos de autonomía fiscal desde Santa Cruz, lo primero que tenemos que hacer, quienes abogamos por una verdadera autonomía, es rechazar la propuesta del partido gobernante MAS, incluida en su proyecto de Ley Marco. En ella se insiste en continuar con el modelo de agente principal basado en transferencias, es decir, el Estado central (agente principal) toma las principales decisiones sobre los gastos y competencias departamentales, en un sistema fiscal centralista donde actualmente existe un peso muy grande de las transferencias en relación a los ingresos y gastos departamentales totales.
Como ejemplo, el gasto público y la inversión departamentales, deben pasar por la aprobación del PGN en la Asamblea Legislativa Plurinacional, previa iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, por lo que la inversión pública departamental seguiría dependiendo del Estado central y de la voluntad política del partido con mayoría parlamentaria (MAS).
Los departamentos autónomos deben tener la capacidad de formular sus propios presupuestos, aprobados por las asambleas legislativas departamentales, en el marco de
sus Estatutos Autonómicos.
Sin embargo, además de rechazar este modelo de autonomías centralistas, debemos proponer que la descentralización fiscal no esté condicionada a la situación fiscal del país o al precio internacional del petróleo, que incide en el precio del gas y por lo tanto en el monto por regalías e IDH que reciben los departamentos.
Se debe transferir una coparticipación departamental de los impuestos nacionales y buscar la autonomía de ingresos, ya que los tributos son más importantes que las transferencias, porque éstas crean pereza fiscal. Para la creación de tasas impositivas, es muy importante el análisis de su aplicación, no debiéndose gravar, por ejemplo, bienes que puedan ser “movibles” de un departamento a otro, basados en la fuente de ingresos, sino más bien gravar factores de producción basados en la residencia del consumidor, con base territorial o “inamovibles”.
Las propuestas recientes de gravar aquí bebidas alcohólicas, tabacos, bingos y otros bienes de consumo, deben ser analizadas cuidadosamente bajo los conceptos antes mencionados y tomando en cuenta cómo los impuestos afectarían el consumo de esos productos, tanto en Santa Cruz como en otros departamentos.
Asimismo, demagógicamente se pretende luchar contra la pobreza solamente desde el gobierno central y sin embargo, con la aplicación de la Ley de Participación Popular, desde 1994 las alcaldías han demostrado que invierten de manera más próxima y eficiente en la lucha contra la pobreza. Esto se puede replicar, y de hecho se ha replicado, en las instancias departamentales que históricamente han gestionado aceptablemente los recursos públicos: Comité de Obras Públicas, Cordecruz, Prefectura, etc.
Un sistema fiscal de autonomías departamentales reales debe incluir también factores de distribución de recursos que tomen en cuenta aspectos físicos y financieros (población, capacidad fiscal, gasto a descentralizar); y aspectos redistributivos para compensar a los departamentos que no puedan cubrir sus gastos, mediante la creación de un fondo de compensación.
Finalmente, para implementar unas autonomías departamentales factibles, se deben aceptar las competencias a descentralizarse, siempre y cuando se destinen sus recursos correspondientes, compatibilizando las estipuladas en los Estatutos Autonómicos con las de la CPE.
Como ejemplo, el gasto público y la inversión departamentales, deben pasar por la aprobación del PGN en la Asamblea Legislativa Plurinacional, previa iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, por lo que la inversión pública departamental seguiría dependiendo del Estado central y de la voluntad política del partido con mayoría parlamentaria (MAS).
Los departamentos autónomos deben tener la capacidad de formular sus propios presupuestos, aprobados por las asambleas legislativas departamentales, en el marco de
sus Estatutos Autonómicos.
Sin embargo, además de rechazar este modelo de autonomías centralistas, debemos proponer que la descentralización fiscal no esté condicionada a la situación fiscal del país o al precio internacional del petróleo, que incide en el precio del gas y por lo tanto en el monto por regalías e IDH que reciben los departamentos.
Se debe transferir una coparticipación departamental de los impuestos nacionales y buscar la autonomía de ingresos, ya que los tributos son más importantes que las transferencias, porque éstas crean pereza fiscal. Para la creación de tasas impositivas, es muy importante el análisis de su aplicación, no debiéndose gravar, por ejemplo, bienes que puedan ser “movibles” de un departamento a otro, basados en la fuente de ingresos, sino más bien gravar factores de producción basados en la residencia del consumidor, con base territorial o “inamovibles”.
Las propuestas recientes de gravar aquí bebidas alcohólicas, tabacos, bingos y otros bienes de consumo, deben ser analizadas cuidadosamente bajo los conceptos antes mencionados y tomando en cuenta cómo los impuestos afectarían el consumo de esos productos, tanto en Santa Cruz como en otros departamentos.
Asimismo, demagógicamente se pretende luchar contra la pobreza solamente desde el gobierno central y sin embargo, con la aplicación de la Ley de Participación Popular, desde 1994 las alcaldías han demostrado que invierten de manera más próxima y eficiente en la lucha contra la pobreza. Esto se puede replicar, y de hecho se ha replicado, en las instancias departamentales que históricamente han gestionado aceptablemente los recursos públicos: Comité de Obras Públicas, Cordecruz, Prefectura, etc.
Un sistema fiscal de autonomías departamentales reales debe incluir también factores de distribución de recursos que tomen en cuenta aspectos físicos y financieros (población, capacidad fiscal, gasto a descentralizar); y aspectos redistributivos para compensar a los departamentos que no puedan cubrir sus gastos, mediante la creación de un fondo de compensación.
Finalmente, para implementar unas autonomías departamentales factibles, se deben aceptar las competencias a descentralizarse, siempre y cuando se destinen sus recursos correspondientes, compatibilizando las estipuladas en los Estatutos Autonómicos con las de la CPE.
