Según el economista y profesor de la Universidad de Harvard, Dani
Rodrik, existen políticas que combinan elementos ortodoxos con prácticas
institucionales no ortodoxas. Afirma que ningún país o región ha experimentado
un crecimiento económico rápido sin un apego mínimo a lo que él ha bautizado
como “principios de orden superior de la gobernanza económica sólida”: derechos
de propiedad, incentivos orientados al mercado, dinero sano, solvencia fiscal.
Sin embargo, estos principios -para que sean exitosos- se han implementado
mediante el ajuste de políticas poco convencionales.
Da ejemplos de economías que experimentaron un rápido crecimiento
con esta combinación de políticas: China, Mauricio, Corea del Sur, Taiwán,
Singapur, Botsuana y Chile. El caso chileno tiene muchas similitudes con el
caso boliviano y con el modelo de desarrollo cruceño en particular: con una
principal industria exportadora (cobre) bajo propiedad estatal, se controló a
los capitales entrantes y se dio asistencia considerable en materia de
finanzas, tecnología, organización y mercadotecnia a la agroindustria. Es
decir, incluía elementos de liberalización del mercado y la orientación al
exterior, combinadas con algún tipo de intervención y selectividad del gobierno
como la política cambiaria. Con una depreciación “creíble” y sostenida del tipo
de cambio real, se constituyó en la política industrial más efectiva de todas
porque tuvo un rol fundamental en la diversificación hacia las exportaciones no
tradicionales con mayor valor agregado y la estimulación del rápido crecimiento
económico chileno.
En Bolivia se ha
dado un proceso similar con el modelo de desarrollo cruceño como baluarte de la
diversificación económica: una principal industria exportadora (hidrocarburos),
grandes inversiones en infraestructura y, luego de la hiperinflación de
comienzos de los ’80, una gradual y sostenida depreciación de la moneda que dio
impulso a las exportaciones no
tradicionales de la agroindustria. Este proceso permitió un acelerado
crecimiento económico que ayudó a dejar de depender de las exportaciones
tradicionales, generando cientos de miles de empleos y nuevos productores. Sin
embargo, este modelo se ha visto últimamente restringido en la potencialidad de
su desarrollo, por lo que es
necesario dar un giro que implique un nuevo impulso de políticas al crecimiento, que debería incluir grandes
inversiones en infraestructura, para mejorar la productividad de los factores (Rositas,
tren bioceánico, Puerto Busch, etc.) y una política cambiaria que, sin afectar
al proceso de “bolivianización” de la economía, permita obtener más divisas.
Esto generaría un incentivo para aumentar la producción y la productividad, a diferencia del actual tipo de
cambio fijo que ha hecho perder competitividad a los productos bolivianos con
respecto a nuestros principales socios y clientes comerciales, quienes han
depreciado sus monedas en los últimos meses como consecuencia de la caída del
precio internacional de las materias primas.
Los actuales administradores del Estado deben
caer en cuenta de que el fomento a las exportaciones no tradicionales, que son
principalmente alimentos, es imprescindible para la provisión del consumo
interno y no es la restricción a las exportaciones la que lo garantiza.
