PREVENCIÓN DE CONFLICTOS ARMADOS EN BOLIVIA: REVOLUCIÓN, GUERRILLA Y GUERRA CONTRA LAS DROGAS (Sep. de 2007)

¿Por qué en Bolivia -a diferencia de otros países latinoamericanos- en condiciones desfavorables para la paz, como el boom exportador de cocaína principalmente, la pobreza, las desigualdades sociales y las guerrillas guevaristas, entre otras, no se produjeron conflictos internos armados?
El actual Presidente de Bolivia, Evo Morales, es el máximo líder sindical de los campesinos cocaleros del Chapare (Cochabamba), donde se cultiva más del 90% de la materia prima para la elaboración de la pasta base de cocaína que se produce en Bolivia, lo que demuestra que las expresiones de rechazo a la política antidrogas del gobierno boliviano impuestas bajo presiones del gobierno de los Estados Unidos, fueron expresadas democráticamente y no fueron “caldo de cultivo” para la formación de movimientos armados al margen de la ley.
Deseo analizar y valorar los factores que pudieron haber evitado el establecimiento de conflictos internos armados y que además llevaron a que un campesino de ascendencia indígena aymara, líder de los sindicatos “cocaleros” del Chapare, alcanzase democráticamente la Presidencia de la República, esto a pesar de que Bolivia es uno de los países más pobres de Latinoamérica y a pesar del boom exportador de cocaína, que en otros países sirvió para profundizar conflictos internos armados y crear nuevos conflictos sociales y de tierras.
Entendiendo aquellos factores que evitaron la formación de conflictos armados, que representan los avances hechos hasta ahora por nuestra joven democracia, podremos seguir avanzando hacia el logro de los otros objetivos que quedan por alcanzar para consolidar un sistema democrático que resuelva pacíficamente los problemas de pobreza que sufre la mayoría de los habitantes de Bolivia.
En Bolivia, a diferencia de otros países latinoamericanos, procesos de inclusión social y de profundización de la democracia como la Revolución Nacional de 1.952, las Reformas Constitucionales y la Ley de Participación Popular de 1.994, no incentivaron o evitaron la formación o fortalecimiento de conflictos internos armados, en condiciones desfavorables para la paz, como el boom exportador de cocaína, la pobreza, las desigualdades sociales y las guerrillas guevaristas (Ñancahuazú y Teoponte), entre otras.
Además, Bolivia no posee una historia de confrontaciones violentas internas, a pesar de tener una historia política con muchos golpes de estado, rebeliones militares y población étnica muy diversa[1].
Bolivia, a diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos que sufrieron conflictos internos armados, vivió un proceso de reforma agraria, que redistribuyó la tierra a campesinos pobres; modificó su sistema electoral, permitiendo la participación democrática en circunscripciones para diputados a los habitantes del área rural; y además, redistribuyó recursos públicos descentralizándolos a todo el país, a través de los nuevos municipios y territorios indígenas.
Todos estos aspectos muestran que en Bolivia se vivió un proceso de inclusión y creciente participación social de los habitantes más pobres del país en el manejo de sus recursos y de su representación política, evitando su propensión a resolver los problemas a través de conflictos armados, como sucedió en otros países latinoamericanos.
Los países que sufrieron conflictos armados en Latnimaérica (El Salvador, Guatemala, Colombia y Perú) fueron aquellos en los que los excluidos de la representación política, del manejo de recursos públicos y de la redistribución de la tierra, decidieron conseguir sus objetivos a través de las armas, en un Estado que no los incluía para la toma de decisiones.
En Bolivia, desde la Revolución de 1.952 no se han producido más de 1.000 muertos en un mismo año en enfrentamientos armados (definición de conflicto interno armado), incluyendo los años 1967 y 1970, cuando se combatió a la guerrilla de Ñancahuazú, en la que murió el guerrillero argentino-cubano Ernesto Ché Guevara y a su continuación, la guerrilla de Teoponte, respectivamente.
La definición de conflicto interno armado excluye a Bolivia de la lista de los países que se encuentran o se encontraron en situación de conflicto armado, en los últimos 50 años.
En la literatura sobre conflictos internos armados, vemos que entre los principales motivos para la instauración de estos en Latinoamérica, se encuentran: una mala distribución de la tierra, factor de producción fundamental en economías precapitalistas agrarias; la ausencia de espacios políticos democráticos; estructuras económicas que generan poco excedente y mal distribuido; y una heredada cultura política autoritaria.
Entre los países que promulgaron leyes de Reforma Agraria en Latinoamérica se encuentran:
México (1915)
Venezuela (1945)
Bolivia (1953)
Cuba (1959)
Colombia (1961)
Costa Rica (1961)
Chile (1962)
Perú (1964)
Ecuador (1964)
De los anteriores países, Colombia y Perú fueron los casos en donde se han sufrido conflictos internos armados. En el caso de Colombia, a pesar de haberse promulgado las Leyes 135 de 1961 Sobre Reforma Social Agraria, modificada por las leyes 1 de 1968, 4 de 1973 y 30 de 1988, existe una mala distribución de la tierra, que empeoró en la década de los ’80, con la irrupción de los narcotraficantes como terratenientes, entendido esto como mucha tierra en pocas manos.
En el caso peruano, los motivos para el surgimiento de una guerrilla muy sangrienta pero que nunca llegó a masificarse fueron principalmente por un sistema democrático débil y corrupto y se circunscribió a un sector pequeño de la población.
El proceso de la revolución nacional y su principal medida, la reforma agraria, fueron el principal motivo para el fracaso de la instauración de la guerrilla comandada por Ernesto Ché Guevara en 1967, en la zona de Ñancahuazú (Santa Cruz-Chuquisaca) y para el posterior fracaso de la guerrilla guevarista con los mismos métodos foquistas que la anterior, que se desarrolló en Teoponte en 1970. Ambas guerrillas no lograron masificarse a pesar de haberse instalado en zonas campesinas pobres y de haber tenido contacto directo con los pobladores de ambas zonas, que en lugar de solidarizarse con los alzados en armas, en muchos casos, colaboraron voluntariamente con el ejército para que derroten a los guerrilleros. Los campesinos que tuvieron contacto con los guerrilleros, en ambos casos, eran propietarios de sus parcelas de tierra, por lo que no se sentían incentivados a tomar las armas.
Luego en las décadas del ‘70 y ‘80, se produjo el boom del narcotráfico en los países andinos, incluido Bolivia, que a diferencia de Perú y Colombia, no fomentó el establecimiento o profundización, de conflictos armados, como el caso de Sendero Luminoso en Perú, que tenía nexos con el narcotráfico. En el caso colombiano, los nexos eran principalmente con los paramilitares aunque también con la guerrilla de las FARC.
A fines de la década del ’80 empieza la decidida guerra contra las drogas en Bolivia, con la promulgación de la Ley de Sustancias Controladas o Ley 1008, que llega a su máximo nivel represivo en la erradicación forzada de cultivos de coca, el año 1999, con muertos y heridos a causa de enfrentamientos entre la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR) entrenada y financiada por la DEA norteamericana y los campesinos cocaleros del Chapare.
A pesar de la violencia generada en ese año por presiones del gobierno norteamericano y su certificación internacional, que condiciona el acceso a recursos financieros, los campesinos cocaleros del Chapare, no toman el camino de las armas o de alianzas explícitas o corporativas con el narcotráfico, tomando en cuenta que se les estaba erradicando su fuente única de ingresos.
Con las Reformas Constitucionales y la Ley de Participación Popular de 1994, los cocaleros obtienen algunas diputaciones, como la de su líder, Evo Morales, con lo que participan del principal escenario democrático para expresar su rechazo a la política antidrogas del gobierno (aunque eso no signifique que haya sido la única forma de expresión de rechazo, ya que realizaban, marchas, paros, huelgas y bloqueos de caminos) y además participaban de la administración del Estado a través de algunos gobiernos locales o municipios de la zona. Así, no se sentían incentivados a crear nexos con el narcotráfico (lo cual no significa que no hayan existido) al punto de protegerse mutuamente fuera de la ley.
Con todo lo expuesto anteriormente, no se pretende representar un Estado inclusivo social y económicamente y que todos sus problemas los resuelve pacíficamente por ser un país con una gran democracia. Bolivia es todavía un Estado en el que la democracia no está debidamente consolidada, en el que se puede mejorar la distribución de la riqueza, de la tierra, y en el que las desigualdades se magnifican, dado el nivel de pobreza de los que se encuentra en la base de la pirámide social. Aún el 60% de los bolivianos viven en condición de pobreza y entre éstos, casi la mitad son campesinos.
Queda mucho por hacer, pero siempre es bueno mirar hacia atrás y valorar lo que se hizo bien, aunque todavía parezca poco, sobretodo si esto sirvió para salvar incontables vidas.