El Consenso de Washington sentó las bases para el ‘neoliberalismo’ en América Latina en los ‘80 y luego de un par de décadas, el péndulo volvía al “otro lado” con el Foro de Sao Paulo y el socialismo del siglo XXI.
Hoy en
día, rescatando algunos aciertos y dejando atrás los errores, podríamos llegar
a una síntesis de política económica con las Alianzas Público Privadas (APP). La
APP es “un contrato a largo plazo entre una parte privada y una entidad pública,
para brindar un activo o servicio público, en el que la parte privada asume un riesgo
importante y la responsabilidad de la gestión, y la remuneración está vinculada
al desempeño.” (BID)
El
objetivo de la APP es que la gente reciba mayores beneficios, el sector público
ahorre y asigne mejor sus recursos y al sector privado se le permita recuperar
su inversión y obtener una utilidad. Puede tratarse de nuevos activos o
proyectos (en los que se incluiría el diseño y la construcción) o proyectos
existentes en los que se transfiere a la parte privada la responsabilidad de
actualizar y/o realizar mejoras y gestionar activos o servicios.
En una
APP, dependiendo del tipo de proyecto, el sector privado participa en: el
diseño o ingeniería, desarrollo o rehabilitación, financiamiento, mantenimiento
y/u operación del proyecto. Se pueden dar a través de pagos por parte de los
usuarios (peajes o tarifas reguladas); o de pagos por parte del gobierno por
servicios prestados por el privado que cumplan con la calidad del servicio
pactado en contrato o simplemente por el servicio prestado por usuario.
Una de
las características más importantes o uno de los objetivos principales de las
APP, es transferir el riesgo al sector privado para mejorar los resultados de
mediano y largo plazo de un proyecto, a un costo menor para el Gobierno. Las
APP están relacionadas en muchos casos con un monopolio natural por lo que su
regulación puede estar en el contrato de la APP o puede ser utilizada la
regulación ya existente del sector. Como ejemplo de lo que se puede hacer con
las APP, ensayo una clasificación que puede ser utilizada en Bolivia y que de
hecho, en algunas áreas ya se utiliza: transporte, agua y desechos, energía e
infraestructura social.
En transporte
se pueden construir o se puede transferir la gestión y/o la actualización o
mejoras, en caso de ya estar construidos de: autopistas, túneles, puentes, vías
férreas y trenes, sistemas de transporte masivo (trenes suburbanos,
teleféricos), puertos, aeropuertos, etc.
En agua
y desechos, en nuevos proyectos y/o existentes (ya con contratos de concesión):
tratamiento de aguas, distribución de aguas y sistemas de aguas residuales y
servicios de gestión de desechos sólidos.
En
energía: activos de generación de energía de diferentes fuentes (represas,
parques eólicos, solares, geotérmicos, etc.); activos de transmisión de
energía; y sistemas de distribución (nuevos o ya existentes con contratos de
concesión).
En el
caso de la infraestructura social es donde mayor innovación puede haber en
nuestro país en lo que se refiere a bienes y/o servicios “sociales” mediante
APP: escuelas y transporte escolar; infraestructura de salud (desde hospitales
hasta postas) y ambulancias; recolección, tratamiento y/o disposición de
residuos; construcción y operación de cárceles; regeneración de áreas o centros
urbanos; proyectos de vivienda social, etc.
¿Cómo se
financia una APP? Puede financiarse a través de una combinación de aporte de
capital de la parte privada y de deuda del sistema financiero. Para minimizar
el riesgo financiero, es muy importante que se brinde seguridad jurídica a
través de una Ley de Alianzas Público Privadas. Existen recursos en los fondos
de pensiones que sumados a los del sistema financiero (sin colocar), con todo
el respaldo legal y técnico, se podrían “apalancar” para liberar recursos
públicos, disminuir el déficit fiscal e incrementar notoriamente la inversión
privada con relación al PIB, una de las más bajas de Sudamérica. Con esto se
generan más empleos formales, aumenta la recaudación impositiva y otros
beneficios para la sociedad, en una relación público – privada: ganar – ganar. Esto
también se puede hacer a través de las entidades territoriales autónomas
(gobernaciones y alcaldías).
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