Etimológicamente,
la palabra federal proviene del latín foedus o foederis que significa pacto. El
Pacto Fiscal está normado en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización y
ponía como plazo máximo para la presentación de una propuesta consensuada: “6
meses después de publicados los resultados oficiales del próximo Censo”, el
cual se realizó el año 2012. En 2013 presenté el libro Descentralización y
Pacto Fiscal en Bolivia que concluye con una propuesta específica de
distribución de recursos: “50-50”. Esta propuesta se basa en teorías de
federalismo fiscal y en el proceso dialéctico e irreversible del federalismo en
Bolivia.
Con
la exitosa experiencia municipal, positiva y comprobada en cuanto a
distribución de recursos de la Ley de Participación Popular, el próximo paso del
proceso es descentralizar más los recursos, haciendo copartícipes a los
gobiernos departamentales, dejando de depender del rentismo y de factores externos
que influyen en el pago de las regalías y el IDH. Sobre la base histórica de la
población migrante en Bolivia, propuse que la coparticipación tributaria para las
9 gobernaciones sea del 15%. Esto sumado al 10% de un Fondo de Compensación a
ser distribuido a los departamentos y municipios más pobres; al 20% de los municipios
y 5% de las universidades públicas; nos da como resultado la propuesta del Pacto
Fiscal 50-50: 50% de los impuestos nacionales (se excluyen regalías e IDH) para
las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) y 50% para el gobierno central.
El
gobierno centralista ha evadido la discusión del Pacto Fiscal porque si tenemos
un pacto de estas características, que satisfaga y equilibre la balanza entre
el centralismo y las Entidades Territoriales Autónomas (ETA), implicaría, de
hecho, tener un pacto federal.
Para
tener un estado federalizado, éste debe estar conformado por estados federales
con la misma o parecida composición en cuanto a sus poderes. Al tener
conformados en Bolivia los Gobiernos Departamentales Autónomos con poderes
ejecutivo y legislativo constituidos, sumados a la tradición pre-republicana
con las Intendencias de la Real Audiencia de Charcas como génesis de los
actuales departamentos, tendríamos las bases de un estado federal. En la
historia republicana, el federalismo ha estado presente en muchos episodios: el
movimiento federalista cruceño liderado por Andrés Ibáñez que creó un estado
federal en Santa Cruz; la Revolución de los Domingos en Santa Cruz que creó un
estado federal y llegó incluso a tener su propia moneda; la Guerra Federal que
en realidad fue una guerra civil por el poder político que utilizó al
federalismo como propuesta inicial; el referéndum por la descentralización de
1931; la Ley Busch del pago de las regalías hidrocarburíferas a los
departamentos productores y sus posteriores luchas cívicas por su pago; la
‘constitucionalización’ de los Gobiernos Departamentales en la Constitución de
1967; y de los Gobiernos Departamentales Autónomos en la Constitución de 2009.
Todo esto configura una historia que tiende,
inevitablemente, al federalismo. Si a eso le sumamos el Pacto Fiscal, sumado a
una mayor autonomía de los Tribunales Departamentales de Justicia, estaríamos
dando la fuerza necesaria para terminar de configurar la República Federal de
Bolivia.