La
Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) norma el Pacto Fiscal y pone
como plazo máximo al gobierno para la presentación de una propuesta consensuada:
“6 meses después de publicados los resultados oficiales del próximo Censo”,
plazo que feneció este 31 de enero.
En
junio pasado, en la Feria del Libro de Santa Cruz, presenté el libro
Descentralización y Pacto Fiscal en Bolivia que concluye con una propuesta
específica de distribución de recursos. Esta propuesta se basa en teorías de
federalismo y descentralización fiscal pero está adaptada a nuestra realidad y al
proceso dialéctico e irreversible de descentralización, autonomía y/o
federalismo en Bolivia. Proceso que se inició a fines de la década de los 50s con
el pago de las regalías hidrocarburíferas; continuó en la década de los 90s con
la Ley de Participación Popular (LPP), que descentralizó recursos fiscales a
municipios y universidades; y avanzó en la década pasada, en lo estrictamente
fiscal, con el pago del IDH (2005), a pesar de los retrocesos posteriores.
A
20 años de la LPP y con la información estadística inter-censal anterior y posterior
a esa ley, pudimos concluir que la descentralización de recursos fiscales, gracias
a una mejor identificación de las necesidades del ciudadano, mejora la calidad
de vida de la población medida en indicadores de educación, salud, saneamiento
básico e infraestructura de la vivienda, según el método de las Necesidades
Básicas Insatisfechas (NBI).
Con
esa experiencia municipal, positiva y comprobada, el próximo paso del proceso es
descentralizar más los recursos, haciendo copartícipes a los gobiernos
departamentales, lo que les permitirá que dejen de depender ‘peligrosamente’ del
rentismo y de factores externos que son
los que determinan el precio de los hidrocarburos y por consecuencia, el pago
de las regalías. ¿Cuál debería ser el porcentaje de los Impuestos Nacionales a
ser distribuidos entre los gobiernos departamentales? La teoría de
descentralización fiscal recomienda que estas “transferencias sean utilizadas
donde la provisión de bienes y servicios públicos generen beneficios para los
residentes de otras jurisdicciones.” Así, sobre la base histórica de la
población migrante en Bolivia, la coparticipación a las gobernaciones
departamentales debería ser del 15%. Esto, sumado al 10% de un Fondo de
Compensación a ser distribuido a los departamentos y municipios más pobres; a los
actuales 20% de municipios y 5% de universidades públicas; nos da como
resultado la propuesta del Pacto Fiscal 50-50: 50% para las entidades
territoriales autónomas y 50% para el gobierno central.
El
gobierno central insiste en evadir la discusión del Pacto Fiscal, situación que
además de ilegal es un grave error político porque con este acuerdo tenemos la
oportunidad histórica de compensar las desigualdades en la provisión de bienes
y servicios públicos para lograr una mejora, ya comprobada, de la calidad de
vida de todos los bolivianos y una real y profunda reducción de la pobreza. *Economista y escritor
