EL LIBERALISMO ECONÓMICO EN LA PRAXIS

 

Ludwig von Mises, afirmaba: “el tema es siempre el mismo: el gobierno o el mercado. No hay una tercera solución”. Sin duda que el mercado es el que mejor asigna los recursos en condiciones donde existe cierto nivel de competencia. ¿Pero qué pasa cuando existen asimetrías de información entre unos agentes y otros, cuando existen monopolios, monopolios naturales, oligopolios, duopolios, carteles o colusión? ¿O cuándo las cantidades “óptimas” ofertadas por el mercado son menores a las cantidades mínimas requeridas por la sociedad, tal como se da en la práctica en educación, salud y en algunos lugares, con el agua?

El mercado asigna mejor los recursos en todos los casos donde existe competencia (cuasi) perfecta. En los casos donde no se dan las condiciones de competencia, como por ejemplo en mercados monopólicos (un solo oferente mayoritario) o ‘monopsonios’ (un solo demandante), el estado debe regular (no intervenir) el mercado.

La diferencia entre monopolio y monopolio natural es que en el caso de los naturales, éstos existen porque no pueden coexistir 2 oferentes. Es el caso de un gasoducto, de las cañerías de red de agua o de las instalaciones de luz eléctrica: el precio debe ser regulado por el estado, de tal forma que cree un incentivo a la empresa para seguir produciendo. En el caso de un monopolio (no natural), el más reciente y más emblemático ha sido el del sistema operativo Windows de Microsoft en EE.UU., empresa que logró una fuerte posición monopólica y de destrucción de la competencia hace unos años atrás. Luego fue regulado por una de las leyes anti-monopolio más fuertes del mundo en uno de los países más “liberales” del mundo: EE.UU. A raíz de que el gobierno obligó a Windows a cumplir esta ley y a competir, surgieron muchísimos sistemas operativos (iOS de Apple, por ej.) lo que implicó masificar su consumo por la baja de precios, no solo con beneficios para la sociedad de EEUU sino para todo el mundo.

Si bien el estado debe producir bienes públicos que no compitan y que se complementen con los privados, como en salud y educación, por ejemplo, la gran pregunta que debemos hacernos como sociedad es: ¿cómo definimos la cantidad óptima a producir? Digamos por ejemplo que todos los niños y jóvenes en edad escolar vayan al colegio y tengan salud preventiva cercana a su hogar o escuela. Si los privados no pueden ofrecerlo, el estado debe hacerlo. Esto debería darse principalmente en los bienes y servicios que impactan en el desarrollo humano y mejoran el desempeño de las personas o la rentabilidad del capital humano, ya que además, aumentan la producción del país.

Contradiciendo a los dogmáticos: no todo es blanco o negro, mercado o estado y recordando a Vargas Llosa en su magistral artículo, Liberales y liberales (publicado justamente mientras se encontraba de visita por las Misiones de Chiquitos): “una de las características del liberalismo en nuestros días es que se le encuentra en los lugares menos pensados y a veces brilla por su ausencia donde ciertos ingenuos creen que está.”

 

BOLIVIA EN EL NUEVO ORDEN MUNDIAL

Es evidente que existe la tendencia a una menor incidencia en la economía global, tanto de EE.UU. como de los países del G-7 y en contrapartida, una mayor incidencia de China y los países BRICS (Brasil, Rusia, China y Sudáfrica). Lo que no se percibe es una disminución del poder político-militar de EE.UU. y del G-7 en la misma línea que en el ámbito económico. Pareciera que el poderío militar y de superpotencia unipolar del imperio está más fortalecido: cada vez quedan menos países en el mundo gobernados por líderes “anti-imperialistas” o que fueran catalogados como parte del “eje del mal” por George W. Bush.

Estas tendencias económicas no coinciden con las tendencias político-militares porque estamos en un mundo más libre. La libertad que otorgan las tecnologías de información con sus redes sociales y otras herramientas que promueven la innovación; y el comercio global, han generado que muchos países, que no son tan poderosos militarmente, hayan aumentado considerablemente sus ingresos. Esto se ve reflejado en una mayor equidad en la distribución del ingreso, dispersando la excesiva concentración histórica de la riqueza mundial.

Ahora bien, el desarrollo de la producción del gas de esquisto o “shale gas” hará lo que hasta hace unos años era impensable: que EE.UU. deje de importar combustibles y energía a partir del año 2030 con los efectos económicos y geopolíticos que ello implica. Pero lo más importante de este descubrimiento es el mensaje que hay detrás: cualquier país que logre que sus ciudadanos tengan altos niveles de educación y creen tecnología e innovación, solucionará más fácilmente los problemas que frenan su deseado desarrollo sostenible y acelerado y, en consecuencia, logrará su independencia económica. En contrapartida, China necesita de mayor libertad para seguir creciendo a “tasas chinas”, porque las crisis económicas que afectan a los principales países consumidores de sus productos, han obligado al gigante asiático a impulsar su consumo interno de más de 1.300 millones de habitantes. Pero para que esa gigantesca economía sea eficiente y sostenible, los ciudadanos chinos deben poseer la libertad suficiente para elegir: el qué, cuánto, cómo y para quién, producir y consumir. Aunque la economía de ese país sea mixta por su capitalismo de Estado, al final de cuentas es éste el que define “el qué, cuánto, cómo y para quién…”, con los problemas de planificación centralizada que ello implica y que han demostrado ser un fracaso en muchos países. Asimismo, algunos países BRICS, G-20 o emergentes han perdido el impulso de hace unos años y se encuentran en una fase de aterrizaje forzoso o directamente han sufrido una brusca caída, como son los casos ‘cercanos’ de Venezuela y Argentina.

En Bolivia, el gobierno debe ‘desideologizar’ las políticas de Estado e incentivar la educación y la tecnología para promover la innovación. En las relaciones internacionales, debe acercarse a la Alianza del Pacífico, lo que además de permitirnos gravitar más en ese océano (sin olvidarnos de nuestra salida al Atlántico), nos integrará a un bloque de países con mucho potencial económico y complementario a nuestra economía, que promueven estas buenas políticas en la región.

*Economista

EL PACTO FISCAL 50-50 ‏

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) norma el Pacto Fiscal y pone como plazo máximo al gobierno para la presentación de una propuesta consensuada: “6 meses después de publicados los resultados oficiales del próximo Censo”, plazo que feneció este 31 de enero.

En junio pasado, en la Feria del Libro de Santa Cruz, presenté el libro Descentralización y Pacto Fiscal en Bolivia que concluye con una propuesta específica de distribución de recursos. Esta propuesta se basa en teorías de federalismo y descentralización fiscal pero está adaptada a nuestra realidad y al proceso dialéctico e irreversible de descentralización, autonomía y/o federalismo en Bolivia. Proceso que se inició a fines de la década de los 50s con el pago de las regalías hidrocarburíferas; continuó en la década de los 90s con la Ley de Participación Popular (LPP), que descentralizó recursos fiscales a municipios y universidades; y avanzó en la década pasada, en lo estrictamente fiscal, con el pago del IDH (2005), a pesar de los retrocesos posteriores.

A 20 años de la LPP y con la información estadística inter-censal anterior y posterior a esa ley, pudimos concluir que la descentralización de recursos fiscales, gracias a una mejor identificación de las necesidades del ciudadano, mejora la calidad de vida de la población medida en indicadores de educación, salud, saneamiento básico e infraestructura de la vivienda, según el método de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).

Con esa experiencia municipal, positiva y comprobada, el próximo paso del proceso es descentralizar más los recursos, haciendo copartícipes a los gobiernos departamentales, lo que les permitirá que dejen de depender ‘peligrosamente’ del rentismo y de factores externos que son los que determinan el precio de los hidrocarburos y por consecuencia, el pago de las regalías. ¿Cuál debería ser el porcentaje de los Impuestos Nacionales a ser distribuidos entre los gobiernos departamentales? La teoría de descentralización fiscal recomienda que estas “transferencias sean utilizadas donde la provisión de bienes y servicios públicos generen beneficios para los residentes de otras jurisdicciones.” Así, sobre la base histórica de la población migrante en Bolivia, la coparticipación a las gobernaciones departamentales debería ser del 15%. Esto, sumado al 10% de un Fondo de Compensación a ser distribuido a los departamentos y municipios más pobres; a los actuales 20% de municipios y 5% de universidades públicas; nos da como resultado la propuesta del Pacto Fiscal 50-50: 50% para las entidades territoriales autónomas y 50% para el gobierno central.

El gobierno central insiste en evadir la discusión del Pacto Fiscal, situación que además de ilegal es un grave error político porque con este acuerdo tenemos la oportunidad histórica de compensar las desigualdades en la provisión de bienes y servicios públicos para lograr una mejora, ya comprobada, de la calidad de vida de todos los bolivianos y una real y profunda reducción de la pobreza. *Economista y escritor

EL DOBLE AGUINALDO

El gobierno ha decretado el pago del Doble Aguinaldo en los sectores público y privado. Pago extraordinario que ya había sido decretado en la anterior época “dorada” de altos precios de nuestras materias primas: en los años ’70s.

Al día siguiente de la publicación del Decreto, el Banco Central de Bolivia (BCB) ha empezado a ofrecer el Bono Navideño con el objetivo de retirar circulante de nuestra economía. El BCB cree poder neutralizar las presiones inflacionarias que ocasionará este pago pero en realidad, un empleado formal que gana Bs 3.500 en promedio, no va a invertir el ingreso extra en bonos del BCB sino que lo va a gastar en, por ej., algún electrodoméstico que aún le hace falta en casa. Aunque se trate de un ingreso transitorio, las expectativas de corto y largo plazo que generará este pago, cada vez que el crecimiento del PIB sea superior al 4,5%, sumado a la alta propensión a consumir de un país de ingresos medios-bajos como el nuestro, hacen ineludible la inflación o pérdida de poder adquisitivo.   

Con una tasa que ya está “maquillada” -por cambios en la metodología de medición del IPC- y que podría superar el 10% en 2014, las declaraciones ‘desesperadas’ del Ministro de Economía, quien ha dicho que intentará controlar la inflación combatiendo el agio y la especulación (al mejor estilo de G. Moreno, el autoritario ex Secretario de Comercio de Argentina) no hacen más que confirmarnos que tendremos problemas inflacionarios que el gobierno tratará de capear hasta que pasen las elecciones. Cualquiera que sea el resultado, es muy probable que el próximo gobierno decida retirar circulante para controlar la inflación mediante un ‘gasolinazo’ o un ‘impuestazo’.

No se trata de ser ortodoxos o alarmistas en el manejo de la inflación, la cual podría tener una tasa “aceptable” de hasta un 7% en años de alto crecimiento económico, como sucede actualmente en nuestro país. Sin embargo, preocupan las experiencias de Venezuela y Argentina, los dos países con los que el gobierno tiene mayor afinidad ideológica y que bien podrían ser considerados sus modelos a seguir. En estos países se ha llegado a un punto de "no retorno" en donde la inflación se ha descontrolado debido a una reacción tardía en el caso argentino o a medidas nada eficaces en Venezuela.

Por otro lado, aunque los funcionarios del gobierno traten de comunicar que la medida es en beneficio de la clase trabajadora, el Doble Aguinaldo es una medida regresiva en cuanto a redistribución del ingreso porque beneficia a una minoría laboral. En nuestro país la mayoría de los trabajadores son ‘cuentapropistas’, empresarios unipersonales o ‘sub-empleados’, quienes no reciben ni siquiera un solo aguinaldo. En cambio, lo que sí nos afectará a todos sin distinción es la inflación, que afecta a los más pobres porque éstos utilizan una mayor proporción de sus ingresos en el consumo, a diferencia de los de mayores ingresos, quienes tienen opciones de ahorro e inversión para protegerse de la inflación: es por eso que la inflación es conocida como el impuesto a los pobres porque les quita mayor poder adquisitivo, proporcional a sus ingresos.

Los economistas tratamos de analizar las políticas públicas desde una óptica económica pero en este caso, al no encontrar una fundamentación teórica, debemos recalcar que se trata de una medida netamente política que intenta ganar votos de las clases medias asalariadas, principalmente de la cruceña, donde el MAS quiere sumarlos. Por eso es necesario informarnos para poder elegir lo mejor para nuestro futuro y no solo para la próxima navidad.

*Economista. Twitter: @DarioMS_Ekomos