El Estado Plurinacional de Bolivia emitió bonos ‘soberanos’ hace unos días. Si bien se trata de una colocación modesta para el mercado internacional de capitales es un monto considerable para la economía boliviana: 500 millones de $us. En una rápida colocación, debido al exceso de liquidez de la economía mundial, se consiguió una tasa de interés de 4,87% anual a 10 años plazo. Cabe señalar que había alternativas de endeudamiento a tasas menores en el mercado financiero local (entre 1 y 2%) por el exceso de liquidez del sistema. La diferencia entre esa tasa local y la tasa a la que el mercado estuvo dispuesto a prestarnos (4,87%) es lo que consideraríamos como riesgo país, que es la tasa adicional que cobran los ‘tenedores’ de bonos por el riesgo de no pago del préstamo, que varía según el país.
Lo positivo de esta emisión de bonos es que la permanente evaluación del riesgo por parte de los inversionistas, obligaría al gobierno a dar ‘buenas’ señales de tranquilidad a los mercados internacionales de capitales: seguridad jurídica, no más expropiaciones o nacionalizaciones, etc. El gobierno aduce que con los bonos públicos emitidos, las empresas privadas bolivianas podrán también salir a vender bonos pero sin perjuicio de ello, sería ideal que también las empresas públicas, como YPFB, traten de colocar bonos, lo cual nos permitiría conocer toda la información y saber realmente cuál es su valor de mercado, rentabilidad y riesgo, que hasta hoy es una incógnita.
Es pertinente recordar que el Estado boliviano colocó bonos en el mercado internacional de capitales en 1.928 por un monto de 23 millones de $us (300 millones actuales). Aquella época es recordada como la “década liberal” en la que el precio internacional del estaño, principal producto de exportación, estaba “por las nubes” tal como sucede con los precios de los hidrocarburos y los minerales que exportamos actualmente. Es por eso que podemos afirmar que el gobierno ha ejecutado una medida profunda y conceptualmente neoliberal en la “meca” del capitalismo mundial.
Dejando de lado la ideología, el problema es que en la práctica no se conoce hasta ahora el destino que tendrá ese dinero, que dicho sea de paso, será gestionado por el gobierno central exclusivamente. ¿Sucederá lo mismo que con la deuda contraída por empresas públicas con el Banco Central? ¿Sabremos en qué se invierte? ¿Cuáles son las tasas de retorno? Lo poco que se sabe es desalentador. Asimismo, el dinero prestado mediante bonos debe generar un retorno mayor a la tasa del préstamo (4,87%) en un plazo no mayor a 10 años. Esta sería una condición apremiante porque si pensamos invertir en infraestructura, una carretera por ejemplo, el retorno de este tipo de proyectos sería en más de 20 años.
Si existiera una institución de planificación o agencia de desarrollo objetiva que evalúe el impacto social y privado de los proyectos para invertir los recursos eficientemente, mis expectativas serían más optimistas pero a pesar de contar con ingresos que no habíamos tenido nunca antes en nuestra historia, nos seguimos endeudando e invirtiendo mal los recursos públicos: la deuda bilateral con Venezuela, por ejemplo, ha crecido más de 70 veces desde 2006. Esta deuda y los bonos es solo parte del comienzo: según anuncios gubernamentales, se van a requerir 16 mil millones de dólares en el corto plazo y el doble en el mediano plazo. La pregunta del millón (o de los miles de millones) es si esos recursos serán gestionados por el gobierno de tal forma que las próximas generaciones puedan pagar esa deuda sin problemas.
