sábado, 24 de abril de 2021

LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS

El Consenso de Washington sentó las bases para el ‘neoliberalismo’ en América Latina en los ‘80 y luego de un par de décadas, el péndulo volvía al “otro lado” con el Foro de Sao Paulo y el socialismo del siglo XXI.

Hoy en día, rescatando algunos aciertos y dejando atrás los errores, podríamos llegar a una síntesis de política económica con las Alianzas Público Privadas (APP). La APP es “un contrato a largo plazo entre una parte privada y una entidad pública, para brindar un activo o servicio público, en el que la parte privada asume un riesgo importante y la responsabilidad de la gestión, y la remuneración está vinculada al desempeño.” (BID)

El objetivo de la APP es que la gente reciba mayores beneficios, el sector público ahorre y asigne mejor sus recursos y al sector privado se le permita recuperar su inversión y obtener una utilidad. Puede tratarse de nuevos activos o proyectos (en los que se incluiría el diseño y la construcción) o proyectos existentes en los que se transfiere a la parte privada la responsabilidad de actualizar y/o realizar mejoras y gestionar activos o servicios.

En una APP, dependiendo del tipo de proyecto, el sector privado participa en: el diseño o ingeniería, desarrollo o rehabilitación, financiamiento, mantenimiento y/u operación del proyecto. Se pueden dar a través de pagos por parte de los usuarios (peajes o tarifas reguladas); o de pagos por parte del gobierno por servicios prestados por el privado que cumplan con la calidad del servicio pactado en contrato o simplemente por el servicio prestado por usuario.

Una de las características más importantes o uno de los objetivos principales de las APP, es transferir el riesgo al sector privado para mejorar los resultados de mediano y largo plazo de un proyecto, a un costo menor para el Gobierno. Las APP están relacionadas en muchos casos con un monopolio natural por lo que su regulación puede estar en el contrato de la APP o puede ser utilizada la regulación ya existente del sector. Como ejemplo de lo que se puede hacer con las APP, ensayo una clasificación que puede ser utilizada en Bolivia y que de hecho, en algunas áreas ya se utiliza: transporte, agua y desechos, energía e infraestructura social.

En transporte se pueden construir o se puede transferir la gestión y/o la actualización o mejoras, en caso de ya estar construidos de: autopistas, túneles, puentes, vías férreas y trenes, sistemas de transporte masivo (trenes suburbanos, teleféricos), puertos, aeropuertos, etc.

En agua y desechos, en nuevos proyectos y/o existentes (ya con contratos de concesión): tratamiento de aguas, distribución de aguas y sistemas de aguas residuales y servicios de gestión de desechos sólidos.

En energía: activos de generación de energía de diferentes fuentes (represas, parques eólicos, solares, geotérmicos, etc.); activos de transmisión de energía; y sistemas de distribución (nuevos o ya existentes con contratos de concesión).

En el caso de la infraestructura social es donde mayor innovación puede haber en nuestro país en lo que se refiere a bienes y/o servicios “sociales” mediante APP: escuelas y transporte escolar; infraestructura de salud (desde hospitales hasta postas) y ambulancias; recolección, tratamiento y/o disposición de residuos; construcción y operación de cárceles; regeneración de áreas o centros urbanos; proyectos de vivienda social, etc.

¿Cómo se financia una APP? Puede financiarse a través de una combinación de aporte de capital de la parte privada y de deuda del sistema financiero. Para minimizar el riesgo financiero, es muy importante que se brinde seguridad jurídica a través de una Ley de Alianzas Público Privadas. Existen recursos en los fondos de pensiones que sumados a los del sistema financiero (sin colocar), con todo el respaldo legal y técnico, se podrían “apalancar” para liberar recursos públicos, disminuir el déficit fiscal e incrementar notoriamente la inversión privada con relación al PIB, una de las más bajas de Sudamérica. Con esto se generan más empleos formales, aumenta la recaudación impositiva y otros beneficios para la sociedad, en una relación público – privada: ganar – ganar. Esto también se puede hacer a través de las entidades territoriales autónomas (gobernaciones y alcaldías).

Con un gobierno que no cree en la empresa privada y en la coyuntura actual, con un déficit fiscal récord y estando entre los 2 países más ineficientes en el gasto público de Latinoamérica (BID), la propuesta de las APP es de vital importancia para un futuro nuevo gobierno que cambiará el rumbo económico, mejorará la situación real del ciudadano y aumentará la participación de los privados en la economía, desde cuentapropistas, pasando por agentes del desarrollo económico local, hasta grandes empresas y su consecuente generación de más y mejor empleo.
01/02/2019

"El valor de actuar"

El valor de actuar, es el título del libro de Ben Bernanke, ex presidente de la Reserva Federal de EE.UU. (FED) donde relata en primera persona la crisis de las hipotecas 'subprime' en EE.UU., con un efecto de contagio global muy fuerte.

A 10 años de una de las peores crisis globales de la historia, algunas notas e ideas sobre el tema:

La ortodoxia monetaria dice que la cantidad de dinero en la economía determina el nivel de la actividad económica, cantidad que es regulada por el nivel de las tasas de interés del sistema. Esto llevó a pensar a Greenspan, primero, y a Bernanke, después, presidentes de la FED (Banco Central), que no era necesario subir las tasas de interés porque estaba creciendo el empleo y la inflación era del 5%, en momentos en que empezaban las quiebras de instituciones financieras por la crisis de las hipotecas.

Si el desempleo era bajo y de pronto sube pero sigue siendo bajo, se debe analizar otras variables cualitativas que han hecho cambiar la tendencia.

El problema de la crisis no fueron las reacciones de la FED y el gobierno estadounidense para evitar daños mayores sino las causas profundas de la desregulación del mercado financiero y sus consecuencias sobre las distorsiones generadas por las externalidades, en un entorno que no es el de "competencia perfecta" por asimetrías en la información, entre otras variables.

Lo contradictorio de la desregulación extrema, que se supone que da mayor libertad a los agentes económicos para maximizar sus beneficios por la libre oferta y demanda de bienes y servicios, es que en ese exceso de desregulación, los agentes no se hayan sentido incentivados a la innovación y previsto que se podía desencadenar todo lo contrario a la premisa de que "la maximización de mis beneficios, beneficia a toda la sociedad". En vez de eso, la excesiva desregulación, que incentivó a la maximización de beneficios, perjudicó a toda la sociedad. Fue un golpe a "la mano invisible" porque se creó una zona de confort de dinero "barato" que sumada a la desinformación y/o a la mala fe en la información que brindaban al mercado de parte de algunos bancos, ejecutivos y prestamistas, ocasionó una hecatombe permitida por el sistema.

Estas lecciones, que deben ser aprendidas por todos, ya han causado el aumento de la regulación en muchos países, principalmente en EE. UU. y en algunos casos, su consecuente excesiva restricción al acceso al financiamiento, lo que tampoco es la situación deseada.

17/12/2018

domingo, 17 de enero de 2021

EL PACTO FISCAL ESTRATÉGICO EN 2021 (escrito el 05/01/2021)

 En momentos de mucha incertidumbre mundial por el rebrote de la pandemia del Covid 19, en las próximas elecciones de autoridades territoriales (departamentales, regionales y municipales), la planificación de escenarios futuros, nos debe llevar a retomar el debate de las propuestas de cuál es la mejor forma de gestionar nuestros recursos escasos en los territorios departamentales, regionales, mancomunidades, regiones metropolitanas y municipios con sus áreas urbanas y rurales.

La profundización de las autonomías retoma la idea de la transformación territorial que se inició hace décadas con la lucha por las regalías y luego, con la Participación Popular. El régimen económico financiero vigente que financia las autonomías, que data de hace 26 años, ha provocado enormes asimetrías o desigualdades entre departamentos y municipios, tanto en la cantidad de recursos que se transfieren a las Entidades Territoriales Autónomas (ETA) así como en el esfuerzo fiscal, desigual, de recaudación de recursos propios; lo que ha hecho más dependientes a los Gobiernos Autónomos Departamentales y a la mayoría de los Gobiernos Autónomos Municipales de las transferencias de recursos del Gobierno central del Estado; sometiendo a las ETA a una suerte de tutelaje de las autonomías por parte del centralismo que ha caracterizado a los gobiernos del MAS. Por todo lo anterior, se hace imperativo un pacto fiscal.

El poder económico, social y político debe volcarse a las regiones y municipios. Los gobiernos municipales y las gobernaciones son centrales para construir una economía diversificada, sobre la base de nuestro potencial productivo, creatividad, patrimonio histórico-cultural y natural. Las autonomías efectivas y la gestión territorial implican la planificación para lograr el bienestar y la transformación de nuestras ciudades, municipios, mancomunidades y regiones (metropolitanas) en este periodo de transición hacia el bono demográfico (2030), atendiendo a la salud de los ecosistemas que nos dan calidad de vida: agua, aire, alimentos, estabilidad climática, entre otros. Debemos avanzar hacia una democracia deliberativa, en base a una participación activa de la ciudadanía, donde nuestros jóvenes son los actores centrales de estos nuevos espacios de gobernanza territorial.

La nueva propuesta de pacto fiscal debe poseer un carácter participativo y deliberativo; y debe basarse en los siguientes ejes estratégicos:

Salud y educación. Se debe garantizar a cada persona: un “paquete obligatorio”. En salud, que conste de servicios, hospitalización, insumos y medicamentos, financiados con porcentajes mínimos obligatorios de los recursos de las ETA (tributos propios y/o transferencias), copagos de los usuarios en función de su nivel de pobreza y transferencias adicionales del gobierno central destinadas exclusivamente a este fin. Educación escolar: inicial, primaria y secundaria, financiada con porcentajes mínimos obligatorios de los recursos de los gobiernos territoriales y transferencias adicionales del gobierno central destinadas a garantizar mínimos iguales en todo el país.

Coparticipación Tributaria y Transferencia de Dominios a Gobernaciones Departamentales. Coparticipación de los Impuestos Nacionales para distribuirse a los departamentos en proporción a su población. Por otra parte, transferencia a los gobiernos departamentales de la recaudación del Impuesto a las Transacciones (IT) y el Impuesto a los Juegos de Azar y a la participación en juegos.

Contribuciones especiales. Se debe incluir en los esfuerzos tributarios territoriales a las contribuciones especiales, instaurando un sistema de valorización y monetización de aquellas realizadas en especie. Pueden ser cobradas “en dinero, prestaciones personales o en especie, para la realización de obras públicas comunitarias” (LMAD).

Ajuste del presupuesto. Reasignando los recursos del gobierno central que han sido usurpados a las ETA, para un funcionamiento más eficiente del Estado y más próximo a la población (léase programa “Bolivia cambia, Evo cumple”).

Financiamiento internacional. Se deben levantar todas las restricciones para el acceso de las Entidades Territoriales Autónomas (ETA) al financiamiento internacional para proyectos de desarrollo (no deuda) con la sola garantía del Estado departamental y/o municipal.

Fondo de Reserva Nacional. Descentralizado con recursos provenientes de recaudaciones de impuestos adicionales con precios superiores a un promedio de las materias primas para época de “vacas flacas”.

No volvamos a repetir los errores de las últimas elecciones, en las que las propuestas pasaron desapercibidas por las consignas y mucho más aún ahora cuando la crisis económica y la pandemia nos exigen repensar el futuro de la manera más planificada posible.

Disrupción creativa (escrito el 27/04/2020)

 

Afrontaremos una nueva forma de relacionarnos socialmente luego de que pase la cuarentena. Quizás después de que estemos todos vacunados y/o seamos inmunes, algunas cosas vuelvan a la normalidad. Sin embargo, es también una oportunidad de crear una nueva economía en lo que será “el nuevo normal”. Toda crisis es una oportunidad, decían los chinos. ¿Contradicción?

Para empezar a analizar los efectos negativos y las medidas sugeridas para volver a la senda de producción mundial pre-COVID-19, no debemos olvidar que, en Bolivia, en 14 años de gobierno del MAS, con su actual candidato a la presidencia a cargo de los recursos del país en la mayor bonanza de la historia, no se hizo nada por la salud.

Estamos en una emergencia y el gobierno debió haber clasificado las prioridades de corto plazo (“para ayer”); de mediano plazo (de 1 a 6 meses de la llegada del virus al país) y de “largo” plazo (de 6 a 12 meses). Adquisición de respiradores, mayor cantidad de testeos y resultados en menor tiempo, adquisición de camas de terapia intensiva, lugares acondicionados para contagiados de menor riesgo, pago de bonos, subsidios (servicios básicos), reprogramaciones (créditos, impuestos). Para después quedarán el financiamiento para inversión y consumo, nuevo sistema impositivo, nueva matriz productiva, etc.

El diferimiento del pago de impuestos, además del paquete de medidas que incluye el financiamiento a empresas, con recursos del TGN y de las AFP, ojalá mejorando su rentabilidad, ayudan en el corto y mediano plazo en la liquidez para capital de operaciones, principalmente. El pago de un bono de Bs 500 es un paliativo temporal pero necesario que debió ser pagado en el corto plazo, pero evitando las aglomeraciones y los traslados de personas de otros municipios a las ciudades para evitar mayores contagios durante la cuarentena. El pago de los bonos ya existentes es una buena medida, al igual que el subsidio a los servicios básicos. También ayudan a la liquidez para mantener el nivel de consumo que ayuda más a los hogares más pobres, pero solo por un corto tiempo.

No nos olvidemos que el sector público ya tenía un déficit muy alto. Ahora también está la caída en el precio del petróleo que afectará en los próximos trimestres los ingresos del gobierno central, los de gobernaciones, municipios y universidades. Se deben reasignar los recursos del Presupuesto (PGE) 2020 y de los créditos ya contratados con organismos multilaterales y destinarlos a la emergencia, coordinando con estos el diferimiento de pago de capital e intereses. También se deben eliminar gastos excesivos del gobierno y transparentar la información y las adquisiciones en esta emergencia.

Los nuevos préstamos del exterior, ya sean del BID, CAF, BM, FMI o de otros bonos, sirven de partida doble: como fondos adicionales para afrontar la emergencia y como ingreso de divisas, aumentando las Reservas (RIN) que han caído y caerán en los próximos meses por la disminución en el precio del petróleo y la devaluación del Real Brasileño. La combinación de política fiscal (aumento del Gasto Público) con política monetaria (emisión monetaria), ambas expansivas, no debe distraernos de otros problemas que puedan aparecer como la estanflación: estancamiento económico con inflación, en momentos de equilibrios muy precarios entre la oferta y la demanda, agregadas.

Schumpeter llamaba destrucción creativa a los métodos de producción que quedaban obsoletos y se creaba una nueva forma, innovadora, de hacer las cosas. Es el tiempo de una mayor conciencia social y ambiental, priorizando la salud de los ciudadanos, retomando nuestro rumbo hacia una democracia renovada y plena en nuestro país.

La economía de la transición (escrito el 27/12/2019)

Nos encontramos en un proceso histórico de transición de un gobierno autoritario, populista, capitalista estatal y con presencia coercitiva del estado en la economía, destructor de la poca institucionalidad y el imperio de la ley; hacia un gobierno democrático surgido de elecciones limpias que se posesionará el año que viene, esperemos más temprano que tarde.

El anterior gobierno fue contundente en dar inseguridad jurídica por incumplimiento de normas esenciales (CPE) que ha llevado a un freno en las inversiones por las expectativas negativas de los agentes económicos. Un claro ejemplo, el manejo del desastre natural de los incendios en la Chiquitanía que frenó la economía, que bien pudo reactivarse más rápidamente con ayuda internacional en una zona de mucha producción ganadera, forestal y agroindutrial.

Luego del escandaloso fraude (nuevamente el incumplimiento de normas) vinieron los 21 días de lucha por la libertad y la democracia que hicieron que el 'ancient regime' caiga y Morales renuncie. El nuevo gobierno de la presidenta Áñez, liberó las exportaciones en un buen primer paso que tiene que ser completado con la liberación de las importaciones de bienes de capital y/o insumos para la producción y bienes de consumo para las familias. Son buenas señales para la economía que el gobierno en transición transparente la información para que sepamos realmente cuál es la situación económica del país y de las empresas del estado, lo que daría certidumbre a los inversionistas y consumidores e información valiosa al futuro gobierno.

Para las próximas elecciones, necesitamos que los candidatos enfoquen sus propuestas en ¿qué medidas económicas pretenden aplicar para el desarrollo del país? ¿cuáles serán las condiciones de trabajo para los empresarios y trabajadores? ¿cuál será el rol del estado? ¿cuál será la estrategia de negociación comercial con países y bloques comerciales? ¿cuáles serán las respuestas a las crisis fiscales y a los problemas sociales que puedan restringir la producción?

De la anterior gestión, lo único rescatable y con lo que se debería continuar: son los bonos. Se los puede incluso mejorar para los sectores más desprotegidos de la población, no significan un gasto fuerte en el PGE y deben ser priorizados porque dan asistencia a sectores que lo necesitan. En resumen, las principales cinco políticas económicas para el próximo año tendrían que ser: reducir el déficit fiscal a través de las Alianzas Público Privadas (recursos públicos invertidos por privados), además de la reducción del gasto corriente; reducir el déficit comercial a través de incentivos a la producción y exportación con mayor valor agregado y de sectores más intensivos en mano de obra a través de movimientos mínimos del tipo de cambio (-+1ctv) bajo control del BCB y normativa legal; renegociar los contratos de gas con Brasil y con nuevos mercados de ultramar con el impulso al hallazgo de nuevas reservas; el desarrollo de las reservas de litio; la gestión de las empresas públicas como una corporación privada; así como la mejora de la calidad en educación y salud. Nadie se cansa, nadie se rinde, ¿despilfarro de nuevo?

jueves, 12 de diciembre de 2019

Pacto Fiscal, Pacto Federal

Etimológicamente, la palabra federal proviene del latín foedus o foederis que significa pacto. El Pacto Fiscal está normado en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización y ponía como plazo máximo para la presentación de una propuesta consensuada: “6 meses después de publicados los resultados oficiales del próximo Censo”, el cual se realizó el año 2012. En 2013 presenté el libro Descentralización y Pacto Fiscal en Bolivia que concluye con una propuesta específica de distribución de recursos: “50-50”. Esta propuesta se basa en teorías de federalismo fiscal y en el proceso dialéctico e irreversible del federalismo en Bolivia.
Con la exitosa experiencia municipal, positiva y comprobada en cuanto a distribución de recursos de la Ley de Participación Popular, el próximo paso del proceso es descentralizar más los recursos, haciendo copartícipes a los gobiernos departamentales, dejando de depender del rentismo y de factores externos que influyen en el pago de las regalías y el IDH. Sobre la base histórica de la población migrante en Bolivia, propuse que la coparticipación tributaria para las 9 gobernaciones sea del 15%. Esto sumado al 10% de un Fondo de Compensación a ser distribuido a los departamentos y municipios más pobres; al 20% de los municipios y 5% de las universidades públicas; nos da como resultado la propuesta del Pacto Fiscal 50-50: 50% de los impuestos nacionales (se excluyen regalías e IDH) para las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) y 50% para el gobierno central.
El gobierno centralista ha evadido la discusión del Pacto Fiscal porque si tenemos un pacto de estas características, que satisfaga y equilibre la balanza entre el centralismo y las Entidades Territoriales Autónomas (ETA), implicaría, de hecho, tener un pacto federal.
Para tener un estado federalizado, éste debe estar conformado por estados federales con la misma o parecida composición en cuanto a sus poderes. Al tener conformados en Bolivia los Gobiernos Departamentales Autónomos con poderes ejecutivo y legislativo constituidos, sumados a la tradición pre-republicana con las Intendencias de la Real Audiencia de Charcas como génesis de los actuales departamentos, tendríamos las bases de un estado federal. En la historia republicana, el federalismo ha estado presente en muchos episodios: el movimiento federalista cruceño liderado por Andrés Ibáñez que creó un estado federal en Santa Cruz; la Revolución de los Domingos en Santa Cruz que creó un estado federal y llegó incluso a tener su propia moneda; la Guerra Federal que en realidad fue una guerra civil por el poder político que utilizó al federalismo como propuesta inicial; el referéndum por la descentralización de 1931; la Ley Busch del pago de las regalías hidrocarburíferas a los departamentos productores y sus posteriores luchas cívicas por su pago; la ‘constitucionalización’ de los Gobiernos Departamentales en la Constitución de 1967; y de los Gobiernos Departamentales Autónomos en la Constitución de 2009.
Todo esto configura una historia que tiende, inevitablemente, al federalismo. Si a eso le sumamos el Pacto Fiscal, sumado a una mayor autonomía de los Tribunales Departamentales de Justicia, estaríamos dando la fuerza necesaria para terminar de configurar la República Federal de Bolivia.

sábado, 31 de agosto de 2019

Un nuevo modelo desde las cenizas

El factor de producción tierra o recursos naturales (RRNN) tiene un papel muy importante en la economía del departamento de Santa Cruz y Bolivia. La presión demográfica y económica sobre los RRNN del oriente continúa su proceso, iniciado hace 50 años. Las políticas del gobierno han permitido el ingreso a reservas ecológicas sin el más mínimo respeto a las normas. Han incentivado asentamientos ilegales, al igual que en el Tipnis, en la Reserva de Tucavaca, del Choré, etc., fomentando la movilización de mayor cantidad de personas para la explotación y 'colonización' de los territorios del oriente sin las mínimas condiciones de tecnificación y cuidado del medio ambiente.
Existe legislación sobre los RRNN que no se está cumpliendo y que se ha “flexibilizado” para satisfacer acuerdos con intereses políticos de parte del gobierno y económicos de parte de algunos empresarios “cortoplacistas”. El incumplimiento de estas normas, se contrasta con la disciplina para la aplicación de políticas de migración interna y gasto público que fomentan la dotación de tierras privadas y fiscales para la explotación desregulada de estos recursos, lo que nos está llevando a la insostenibilidad de nuestra economía, con un modelo económico de capitalismo de estado que se encuentra agotado en su “extractivismo desarrollista” y en su autofinanciamiento, con más de 5 años de déficit fiscal consecutivo.
Aquella maximización de los beneficios que se había generado en su momento con la explotación de los RRNN del oriente —no solo por los inmigrantes, sino también por extranjeros y oriundos del lugar— ya no está más y empieza a poner en riesgo el medio ambiente. Esa sostenibilidad entendida como "el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades" (ONU), concepto que actualmente está contrapuesto al ‘desarrollismo' y las políticas de asentamientos y dotaciones de tierras que lleva adelante desde hace años el gobierno del MAS.
Es necesario que las políticas que regulen la explotación de los RRNN (forestales, hidrocarburíferos, mineros y agropecuarios), además de dar certidumbre y derechos de propiedad claros, tengan un mayor grado de autodeterminación de los gobiernos departamentales y municipales y pueblos indígenas de estos territorios por su cercanía a los habitantes del lugar.
En los recientes incendios que se generaron en la zona de la Chiquitania, hay muchos temas técnicos por resolver. Sin embargo, la forma en la que el gobierno manejó la crisis que vivimos nos lleva a pensar que, por su improvisación y politización, no le interesa el medio ambiente y el desarrollo sostenible. En esta crisis, el gobierno primero minimizó los daños, luego no pidió ayuda internacional, sumado al hecho de su gran responsabilidad por incentivar los asentamientos ilegales y en reservas naturales, además de la flexibilización de las normas de quemas en época seca.
Lo primero que debemos apoyar y esperar es que se apaguen los incendios, dejando atrás la politización del tema y proponiendo políticas que no restrinjan la producción y el empleo, aunque a través de un deseado desarrollo sostenible. Tenemos un Plan de Uso de Suelo (PLUS) que no se está cumpliendo. Se debe debatir las modificaciones a las normas con fundamentos técnicos y planificación bajo el liderazgo de un nuevo gobierno con ideas innovadoras.
* Economista especializado en Desarrollo y Políticas Públicas

domingo, 16 de junio de 2019

Comentarios al capítulo de Juan Antonio Morales en Un siglo de economía en Bolivia 1900-2015


Juan Antonio Morales relata el intento fallido del cartel de productores de estaño en los 30 por regular el precio del metal. Esto se da porque los que fijan el precio son no sólo los grandes oferentes sino también los grandes consumidores "no atomizados" como era el caso de EEUU que se stockeaba y era finalmente, el gran regulador del precio...
A comienzos de los 30, una.caida en el precio internacional del estaño, que lo controlaba EEUU, tenía impacto directo sobre el PIB per capita. Es decir, una dependencia absoluta de las políticas de una potencia extranjera. Ahí es donde, en retrospectiva, cobra enorme importancia Carlos Montenegro y su contradicción Nación o Colonia y la Marcha hacia el Oriente que nos permite, hoy en día por ejemplo, que nuestro PIB per capita no dependa tanto del precio del gas o del petróleo.
Morales repite lo que muchos intelectuales paceños afirman: que la Marcha hacia el Oriente fue financiada por la Comibol que apenas nacía y se hizo cargo de minas quebradas según el mismo relato de Morales y otros historiadores económicos. Los FFCC a Brasil y Argentina ya estaban por finalizarse cuando llegó el MNR y creó la COMIBOL y tenían asegurado su financiamiento con la venta de hidrocarburos a Argentina y por el Tratado de Petropolis con Brasil por la guerra del Acre y el incumplimiento de Brasil en construir el FFCC en la Amazonía. Además, no dicen nada del incumplimiento del pago de las regalías hidrocarburiferas desde el 38 por la Ley Busch.
Como bien relata Morales, Siles Zuazo implementó el Plan Eder de ortodoxia monetarista para contener la inflación. Sin embargo, la historia se quedó con el Siles del MNR de izquierda del gobierno de la UDP y con el Paz Estensssoro liberal de derecha del 21060 siendo que antes que el Plan Eder, había estatizado las principales empresas privadas del país y había expropiada la propiedad privada rural con la reforma agraria.
Leer el relato del gobierno de Banzer es leer el relato del gobierno de Morales, con su modelo de capitalismo de estado con buenos precios de materias primas. Ambos periodos han coincidido con los periodos de crecimiento más altos y más largos de la historia quizás?
La política cambiaria amortiguó los efectos de una crisis regional en los 90, iniciada por una devaluación del Real brasileño.
El auge del neoliberalismo, iniciado en los 80 con Thatcher y Reagan, y sus efectos económicos y políticos en el mundo occidental, no ayudó a la reducción de la desigualdad en Bolivia que bien hubiese podido darse más si se hubiera recibido más apoyo en ese sentido.
El tipo de cambio fijo quita la posibilidad de hacer política monetaria con tasas de interés, alineando nuestra tasa de interés a la de USA, en una especie de dolarización encubierta.
El beneficio porcentual a la PEA de los incrementos salariales es menor al que indica Morales de 30%.
La principal fuente de ingresos impositivos es el IVA, el cual es represivo.
Morales muestra el cuadro de progresos en indicadores sociales: IDH, pobreza, esperanza de vida y coeficiente de Gini. Ese progreso se dio en todos los países emergentes. Se podría medir la relación con los progresos de países emergentes y aislar el real progreso social de Bolivia?

domingo, 3 de marzo de 2019

Mis comentarios a "El llamado de la tribu" de Mario Vargas Llosa

Vargas Llosa piensa que la libertad es una condición sine qua non para que el mercado funcione "eficientemente". Sin embargo, existen asimetrías de información, externalidades y otras distorsiones naturales en los mercados. La competencia perfecta no existe y debe haber cierto grado, aunque sea mínimo, de regulación.
Ortega y Gasset, según Vargas Llosa, propone que el liberalismo debe ser ateo, desconociendo la libertad individual de tener fe o creer en Dios.
Vargas Llosa asocia la crítica de Ortega y Gasset a la sociedad estadounidense y su "intento", por entonces, de progreso tecnológico como una crítica al liberalismo económico.
Hayek admite a la Vda. de Keynes su "ilimitada admiración" por el recientemente fallecido, lo que de-construye aún más el discurso maniqueo: Hayek vs Keynes y el supuesto "no-liberalismo" de Keynes, miembro del Partido Liberal de Inglaterra.
Vargas Llosa afirma que el mercado ha ido perfeccionándose gracias a la irrupción de la libertad. Sin embargo, el mercado está lejos de perfeccionarse y no estoy seguro de la relación positiva entre libertad y perfeccionamiento del mercado porque, por ejemplo, el monopolio que es un mercado imperfecto, para perfeccionarse requiere de la intervención o regulación del estado.
Vargas Llosa interpreta de Hayek que la descentralización es una forma de liberalización de la sociedad. Esto es algo que propongo en mi libro Descentralización y pacto fiscal en Bolivia: reducir el tamaño del estado monopólico central para reducir su poder sobre los ciudadanos. 
"Todo Liberal debe ser un agitador." (Hayek) Es correcto lo que afirma Hayek de que el fascismo, al igual que el comunismo, "odia" las bases del individualismo y el pensamiento liberal: ¿propiedad privada, libre empresa y economía de mercado? ¿Hay estudios que confirman esto? Mi duda surge en el sentido de que en muchos fascismos han existido y se han incentivado la propiedad privada, la libre empresa de los amigos del régimen y la economía de mercado, como el caso de Chile, de la Alemania nazi y del fascismo italiano. 
Popper realiza una teoría heroica del liberalismo en la más absoluta pobreza. Empatiza, en cierta forma con Marx, y destroza a Hegel a quien culpa de todos los males, o quizás lo más "charlatán" (o difícil de rebatir) del marxismo: el materialismo histórico. 
Sus ideas tienen más respaldo teórico que las de Hayek, quien se enfocaba más en lo económico.
"El más serpentino y eficaz enemigo de la cultura de la libertad, dice Popper, es el historicismo." 
El historicismo es darle un sentido secreto, lógico y ordenado a la historia. Idolatrarla es, consciente e inconscientemente, temer a la libertad, asustarse "de asumir la responsabilidad" de concebir la vida como creación permanente y asumir la autoría de lo que se logre o se pierda... 
Vargas Llosa critica a Popper y su intento por regular la televisión que en su época reinaba en los hogares del mundo. Hoy en día los contenidos de las redes sociales han llegado al máximo de la libertad y curiosamente se han auto-regulado, siendo de mejor "calidad" a los que ofrecía la televisión hace unas décadas. Es decir que el temor de Popper, que contradice sus ideales de libertad, al intentar regular la televisión, son justamente criticados por Vargas Llosa que, quizás con "el diario del lunes", acierta al afirmar que se llegará al ideal de libertad con las nuevas formas de comunicación existentes. 
Isaiah Berlín es un Liberal político, no económico. 
Revel, socialista en su juventud, puede ser el teórico del socialismo Liberal de Mujica, opuesto sí, al marxismo cultural. Social demócrata y reformista para alcanzar la libertad y la justicia social.
Revel criticaba la libertad de las democracias occidentales en su freno a la lucha militar contra el comunismo sin tomar en cuenta que esa libertad era la garantía de desarrollo tecnológico y económico que permitiría derrotar al comunismo. ¿Lo mismo sucederá con China? 

Revel es un apocalíptico de la libertad y la democracia y responsabiliza en esto a la "intelligentsia" de izquierda. Vargas Llosa los relativiza quizás un poco por haber sido crítico de ésta y es optimista en cuanto a la libertad porque cree que se apoya en el ciudadano común de nuestros países latinoamericanos. Se debería medir el nivel de corporativismo de nuestras sociedades para saber cómo "avanzamos" en cuanto a la libertad como contradicción al tribalismo...